Anulado un contrato de intermediación por cobro abusivo: claves para que tu empresa no incurra en prácticas ilegales

 

Este fallo judicial —firme y sin posibilidad de recurso— debe servir como advertencia para las PYMES inmobiliarias que gestionan arrendamientos o prestan servicios vinculados al alquiler de viviendas.

¿Qué ocurrió en este caso?

La empresa intermediaria obligó al arrendatario a contratar un supuesto “servicio de asistencia al inquilino” cuyo coste era idéntico a la suma de la renta y la fianza.
En un alquiler de 1.600 €/mes, esto suponía un pago extra superior a 2.600 €, completamente ajeno al contrato principal y no solicitado por los inquilinos.

Además, la existencia de este servicio adicional solo se comunicaba tras elegir la vivienda, sin aparecer en el contrato de arrendamiento.

Fundamentos de la sentencia: por qué se declara nulo el contrato

El juzgado calificó la conducta empresarial como:

• Abusiva, por imponer un servicio no solicitado.

• Coercitiva, aprovechando la presión del mercado.

• Engañosa, al ocultar información esencial.

Y subrayó:

• La infracción del derecho del consumidor a recibir información clara y transparente.

• La situación de vulnerabilidad de los usuarios en el mercado de alquiler madrileño.

• La inexistencia de una libre elección real por parte del inquilino.

Como resultado:
anulación total del contrato y obligación de devolver 1.936 € + intereses.

Implicaciones para las PYMES del sector inmobiliario

Esta resolución deja claro que:

1. Los servicios adicionales deben ser voluntarios

Cualquier servicio extra debe ser expresamente solicitado, nunca impuesto.

2. La transparencia es obligatoria

Todos los costes y comisiones deben estar detallados y explicados antes de la firma del contrato.

3. Los importes deben ser proporcionales

Cobrar una cuantía equivalente a renta + fianza por un servicio accesorio constituye una práctica abusiva.

4. La ética contractual es esencial en un mercado tensionado

Reforzar políticas claras y respetuosas con la normativa de consumo evita reclamaciones y protege la imagen empresarial.

Actuar con transparencia, proporcionalidad y consentimiento informado no solo garantiza el cumplimiento legal, sino que fomenta la confianza y la reputación en un mercado especialmente sensible.