Reconocida como accidente laboral la reacción adversa a la vacuna COVID-19 en una profesora

 

Vacunación en cumplimiento del deber profesional

Los hechos se remontan a los años 2021, cuando una profesora de primaria fue vacunada contra la COVID-19 siguiendo las instrucciones del protocolo de vacunación de la Junta de Castilla y León. Tras recibir las dosis, la trabajadora comenzó a experimentar diversos síntomas físicos incapacitantes, como fiebre, astenia, dolor en un brazo y alteraciones sensitivas en las piernas que le impedían incluso conducir.

La sentencia considera probada la relación de causalidad entre la vacunación y los síntomas sufridos, destacando la ausencia de antecedentes médicos relevantes y el hecho de que la vacunación se produjo en el ejercicio de su actividad como trabajadora esencial del sector educativo.

Argumentación jurídica: la laboralidad del acto de vacunación

El elemento clave en el reconocimiento judicial fue el planteamiento del abogado de la trabajadora, Francesc Feliu, quien subrayó que la vacunación no fue una decisión voluntaria y aislada, sino una exigencia derivada de su condición de empleada pública esencial, conforme al Plan Estratégico de Vacunación aprobado en diciembre de 2020.

Dicho plan clasificaba a los profesionales de la enseñanza como grupo prioritario, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación durante la emergencia sanitaria. En ese sentido, la vacunación se enmarcaría en un contexto de obligación profesional y social, y no como una actuación ajena al desempeño laboral.

Además, la defensa invocó la consideración de la vacunación como un "acto de salvamento" en beneficio de la colectividad, sustentado en los principios de solidaridad y reciprocidad que orientaron la campaña nacional.

Importancia de la sentencia y posibles repercusiones

Aunque la resolución aún puede ser recurrida, el caso ha generado un notable interés por su valor como posible precedente. El despacho jurídico ya gestiona alrededor de 70 procedimientos similares promovidos por otros trabajadores esenciales (sanitarios, policías, bomberos o militares) que reclaman el mismo reconocimiento.

Este tipo de resoluciones contribuyen a delimitar jurídicamente las situaciones donde el deber profesional colisiona con los efectos de una emergencia sanitaria, poniendo sobre la mesa la necesidad de proteger a quienes, cumpliendo con su obligación, han visto comprometida su salud.

¿Y ahora qué?

La evolución de estos procedimientos será clave para consolidar doctrina en torno a los efectos secundarios de la vacunación en entornos laborales. Mientras tanto, conviene que los profesionales afectados busquen asesoramiento especializado y actúen con base en las pruebas médicas y laborales disponibles.

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