Incapacidad permanente parcial: la realidad funcional prima sobre la adaptación del puesto

Una caída que cambió la vida laboral

La protagonista de este caso es una ingeniera de telecomunicaciones que, tras una caída no laboral, sufrió graves secuelas en su brazo derecho:

• Imposibilidad de cerrar la mano.

• Dolor persistente y movilidad reducida.

• Dificultad para tareas básicas de su profesión.

A pesar de ello, la empresa actuó de forma responsable: adaptó su puesto, eliminó desplazamientos y limitó tareas de campo. Sin embargo, estas medidas no lograron compensar sus importantes restricciones funcionales.

Adaptación vs. limitación real: el centro del conflicto

El INSS defendía que la ingeniera podía seguir desempeñando su actividad gracias a la adaptación.
No obstante, la evidencia médica y los informes preventivos demostraron lo contrario:
Las tareas clave de su profesión seguían siendo inviables.
Los informes periciales y médicos acreditaron su incapacidad.
La empresa documentó la reducción real de funciones.

El Tribunal: hechos probados y derecho del trabajador

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares resolvió que:

• La limitación funcional real prevalece sobre la existencia de un puesto adaptado.

• Se confirmó la incapacidad permanente parcial, reconociendo a la trabajadora una prestación equivalente a 24 mensualidades de su base reguladora (más de 60.000 euros).

Este criterio refuerza la seguridad jurídica para trabajadores y empresas: la incapacidad se evalúa según la realidad objetiva de las limitaciones.

Claves para empresas y trabajadores

✔ Para la empresa:

• Apostar por la adaptación es esencial, pero debe ir acompañada de un seguimiento médico riguroso.

• Documentar cada medida adoptada refuerza la defensa ante posibles reclamaciones.

✔ Para el trabajador:

• Conocer sus derechos es clave.

Es recomendable disponer de informes médicos actualizados y la colaboración del servicio de prevención.

Adaptar es importante, pero reconocer la realidad funcional lo es aún más. La buena gestión de estos casos protege la salud de la plantilla, aporta seguridad jurídica y demuestra compromiso con la prevención de riesgos laborales.