Cómo evitar gastos innecesarios al reclamar facturas impagadas

 

Verificar la solvencia del deudor

Antes de iniciar cualquier reclamación, conviene analizar si el deudor tiene capacidad económica para responder. Solicitar un informe de solvencia es una herramienta básica para conocer su situación: facturación, posibles deudas con otros acreedores o procedimientos abiertos.

Cuando se trata de una sociedad, también es recomendable recabar información sobre su administrador y otras empresas vinculadas. En algunos casos, los administradores pueden llegar a responder personalmente si existen irregularidades. Además, si ha habido una sucesión de empresas para eludir deudas, la nueva sociedad podría ser responsable del pago.

Consultar su situación concursal

Otro paso clave es comprobar si la empresa deudora está inmersa en concurso o preconcurso de acreedores. Esto puede suponer que el patrimonio esté bloqueado o que existan muchas más reclamaciones que reduzcan las posibilidades de cobro. Esta comprobación previa ahorra tiempo y costes innecesarios.

Localizar posibles bienes embargables

Comprobar si el deudor dispone de inmuebles o bienes embargables es esencial para saber si existe alguna garantía real de cobro. Una nota de localización registral permite identificar propiedades y conocer si están libres de cargas o gravadas con hipotecas o embargos anteriores. Si los bienes tienen cargas poco significativas, las probabilidades de éxito aumentan.

Detectar indicios de insolvencia

Algunos detalles pueden dar pistas de la situación real del deudor: varias anotaciones de embargo, ejecuciones hipotecarias en curso o la falta de actividad de la empresa son señales de riesgo. Si la actividad cesa y no hay bienes, las opciones de cobro se reducen drásticamente. En cambio, si sigue activa, pueden embargarse créditos frente a terceros o ingresos futuros.

Reclamar una deuda sin información puede salir caro. Por eso, desde Valero Tax Legal siempre recomendamos analizar cada caso con rigor, planificar bien la estrategia y valorar la relación coste-beneficio antes de iniciar un procedimiento judicial. Una reclamación bien fundamentada y viable permite proteger la liquidez de la empresa y reducir gastos innecesarios.