Registro retributivo obligatorio: una herramienta clave para garantizar la igualdad salarial
La igualdad retributiva entre mujeres y hombres ha dejado de ser una recomendación para convertirse en una obligación legal exigible a todas las empresas, sin excepción. El registro retributivo, regulado por el Real Decreto 902/2020, constituye un instrumento esencial dentro de las políticas de transparencia salarial y del principio de “a trabajo de igual valor, igual retribución”, recogido en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores.
Una obligación legal para todas las empresas
El registro retributivo es un documento que refleja, de forma desglosada, la política salarial de la empresa. Debe detallar:
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Salario base.
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Complementos salariales.
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Percepciones extrasalariales.
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Pagos extraordinarios.
La información debe clasificarse por sexo, categoría o puesto de trabajo, con el fin de detectar posibles brechas salariales de género y exigir que cualquier diferencia esté debidamente justificada.
Es importante subrayar que esta obligación afecta a todas las empresas, con independencia de su tamaño. Desde grandes corporaciones hasta pymes e incluso autónomos con un solo trabajador deben contar con este registro, incluyendo también a altos cargos y personal directivo.
En las empresas de más de 50 trabajadores, además, la normativa exige justificar expresamente cualquier brecha superior al 25 %.
Registro y auditoría retributiva
El registro debe elaborarse y actualizarse anualmente. En el caso de empresas que estén obligadas a implantar un plan de igualdad, esta exigencia se complementa con una auditoría retributiva.
La auditoría implica realizar una valoración objetiva de los puestos de trabajo y poner en marcha medidas correctoras si se detectan desigualdades que no estén justificadas. Este enfoque garantiza que el análisis sea realista y se centre en el valor del trabajo, no solo en la retribución percibida.
Consecuencias del incumplimiento
El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones económicas significativas, previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS):
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Infracciones leves: desde 70 €.
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Infracciones muy graves: hasta 225.018 €.
Más allá de las multas, la falta de registro retributivo puede suponer un grave perjuicio reputacional para la empresa, además de limitar el acceso a ayudas públicas o contratos con la Administración.
El registro retributivo se ha consolidado como una herramienta imprescindible para garantizar la igualdad salarial y promover entornos laborales más justos y transparentes. Para las empresas, supone tanto un reto de gestión como una oportunidad para reforzar su compromiso con la igualdad y la responsabilidad social corporativa.CONTENIDO RELACIONADO
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